DEUDA

RETIRO LO ESCRITO > ALFONSO GONZÁLEZ JEREZ

En un suelto de prensa, modestamente extraviado en las páginas de Economía de un periódico digital, encuentro que según datos del Banco de España la deuda pública de la comunidad autonómica canaria se elevaba, a fecha del pasado 30 de marzo, a 3.483 millones de euros, lo que supone un incremento del 103% respecto al mismo periodo de 2009. Hace unos días José Manuel Soria, consejero de Economía y Hacienda, se ufanaba de semejantes porcentajes, y para celebrarlos optaba por recordar que Canarias estaba “en el nivel medio de la tabla” respecto a la deuda pública de otras comunidades autonómicas. Si uno se toma la molestia de escarbar en Internet y echar un vistazo a la hemeroteca comprobará que este largo y hasta victorioso suspiro de alivio del señor Soria es, en realidad, un pequeño ejercicio de prestidigitación diafragmática para escamotear la realidad. Una realidad que consiste, básicamente, en que el Gobierno regional ha gastado más mientras caía la recaudación fiscal y que para hacerlo ha acudido a la deuda pública con un furor punto menos que irresponsable.

Como recordaba recientemente un compañero, el costo anual de la deuda pública de la comunidad autonómica (lo que el Ejecutivo debe pagar a los bancos e inversores) ha llegado a los 730 millones de euros. Casi el triple que en 2007. A través de la Hacienda autonómica cada ciudadano isleño se ha endeudado en 343 euros solo este año. ¿Dónde está la austeridad financiera sobre la que Soria imparte lecciones teológicas? Pero si el presupuesto general de la comunidad autónoma se incrementó en casi un 6% en el presente ejercicio... Boberías demagógicas como bajar los sueldos a los altos cargos (sueldos que llevaban congelados desde 2007) o debates deleznables como el uso o abuso de los coches oficiales son incluso bien recibidos, cuando no estimulados, por los dirigentes políticos, el señor Soria entre ellos. Pero su responsabilidad no consiste en bajarse un poco o un mucho los salarios, sino en contener el gasto y aumentar los ingresos por las vías que permite la legislación vigente. Las autoridades canarias, como ocurre en todas las comunidades autonómicas, no están dispuestas al desgaste electoral, ni al compromiso de presentar una auténtica reforma de las administraciones públicas para evitar duplicaciones, ineficacias y despilfarros, ni a renunciar al subvencionismo clientelista. Se trata de tirar hasta mayo de 2011. Y después ya se verá.